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Fuerte reclamo por cambios en las SGR: “No se puede sacrificar un sistema que financia a miles de productores”
Las cadenas de valor del agro pidieron al Gobierno y al Congreso que revisen con urgencia la eliminación del beneficio fiscal para las SGR. Alertan que la medida impacta de lleno en el acceso al crédito de los pequeños y medianos productores y debilita el desarrollo territorial.
El sector agroindustrial redobló su reclamo contra la reciente decisión del Congreso de eliminar la exención del Impuesto a las Ganancias para los aportantes a los Fondos de Riesgo de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).
Las entidades que representan a las cadenas de soja (Acsoja), trigo (Argentrigo), maíz (Maizar) y girasol (Asagir) reclamaron tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo que actúen “con urgencia y responsabilidad fiscal” para revisar el artículo 10 de la ley aprobada el pasado 10 de julio.
El cambio fue introducido como parte del paquete que financia el aumento jubilatorio, pero las entidades del agro advierten que su impacto puede ser profundo y negativo.
“No se puede sacrificar un sistema que ha permitido el financiamiento de miles de pequeños empresarios agropecuarios, sostenido el empleo y promovido el desarrollo territorial, por una medida de corto plazo que ignora sus consecuencias estructurales”, expresaron en un comunicado conjunto.
Según argumentan, el régimen de SGR ha sido una herramienta fundamental para garantizar el acceso al crédito formal y competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas del campo.
“Al eliminar el incentivo fiscal para los aportantes, se desincentiva su participación como socias protectoras y se reduce la disponibilidad de fondos para respaldar operaciones crediticias”, señalaron.
La situación, advirtieron, afecta especialmente al sector agropecuario, donde muchos productores dependen de estas garantías para financiar campañas, comprar insumos y sostener su actividad. Sin ese respaldo, podrían quedar fuera del sistema financiero o caer en esquemas informales de alto costo, lo que, según remarcaron, comprometería el desarrollo de las economías regionales.
Las cadenas concluyeron que la eliminación de este régimen atenta contra un instrumento público-privado “eficiente, transparente, federal e inclusivo” y reclamaron su pronta restitución para no poner en riesgo el entramado productivo del agro.
