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Buenos Aires

Avanza en Diputados proyecto para tipificar delitos rurales en la Argentina

La iniciativa impulsada por Confederaciones Rurales Argentinas busca equiparar la protección del sector agropecuario con la de las zonas urbanas mediante nuevas figuras penales que tipifiquen la intrusión, el daño agravado y la instigación pública a través de plataformas digitales.

26-08-2026

Avance en la Comisión de Agricultura

La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados dio curso a la discusión de un proyecto de ley que propone tipificar e incrementar las penas por vandalismo rural.

La iniciativa, impulsada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), fue puesta en debate en una reunión convocada por el propio cuerpo legislativo con el objetivo de consensuar un texto que llegue al recinto. Participaron referentes de la Mesa de Enlace, quienes ratificaron su respaldo a la propuesta.

Nuevas figuras para proteger el campo

Según detalló la Fundación Barbechando, entidad que monitorea temas agropecuarios en el Congreso, el proyecto crea la figura de intrusión rural. Quien ingrese sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión podría recibir penas de un mes a un año de prisión. Este cambio resulta central para el sector, ya que permitiría a las fuerzas de seguridad intervenir ante el merodeo nocturno, la caza furtiva o el reconocimiento previo a robos, sin necesidad de esperar a que el delito se consuma.

"Este fue uno de los puntos más valorados por el sector, porque va a permitir que las fuerzas de seguridad actúen ante el merodeo nocturno, la caza furtiva o el reconocimiento previo a robos, sin necesidad de esperar a que el delito ya se haya consumado" — Fundación Barbechando

Asimismo, la iniciativa establece el delito de daño agravado, con sanciones de dos a ocho años de prisión y multas de tres a 12 veces el valor del perjuicio. La norma incorpora expresamente como bienes protegidos a sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados. En casos en que el autor sea funcionario público o una persona vinculada habitualmente a la actividad agropecuaria, la pena mínima se duplica.

El daño medido por su función productiva

Una de las modificaciones más destacadas apunta a corregir distorsiones en la valoración de los perjuicios. En la actualidad, destruir un silo bolsa cargado con granos —con el consecuente impacto económico— puede equipararse penalmente a un rayón en un automóvil.

Desde Barbechando subrayaron que la gravedad del ilícito no reside únicamente en el valor de reposición del bien, sino en su función dentro del sistema productivo.

"Hay un aspecto que es clave y hasta ahora ausente del debate público: la afectación real de estos delitos no se mide por el valor de reposición de un bien, sino por su función dentro del sistema productivo" — Fundación Barbechando

 

La entidad ejemplificó con el daño a una bomba de agua, situación que puede comprometer el acceso al recurso de un rodeo completo, considerando que una vaca de cría requiere entre 50 y 70 litros diarios durante el verano.

Instigación virtual y el respaldo rural

Otro eje de la propuesta actualiza el delito de instigación pública. Quien incite a cometer estos delitos enfrentaría penas de dos a seis años de prisión, con una triplicación de la sanción cuando la incitación se difunda a través de redes sociales o medios de comunicación masiva.

El sector destacó la importancia de este punto en un escenario donde la organización de ilícitos rurales encuentra en las plataformas digitales un canal de amplificación creciente.

Durante el encuentro, la Mesa de Enlace reafirmó su posición en defensa de la igualdad de derechos entre el ámbito rural y urbano.

"Los que viven en el campo tienen que tener los mismos derechos que los que viven en las urbes" — Mesa de Enlace

Desde la Fundación Barbechando consideraron que estas discusiones forman parte de una agenda más amplia orientada a consolidar políticas públicas para el desarrollo territorial. "Queremos un campo que deje de ser tierra de nadie, donde el desarrollo de políticas públicas firmes habilite el desarrollo productivo y social de nuestro país, para quienes producen, para quienes trabajan la tierra y para las comunidades rurales en su conjunto", manifestaron.

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