Productores denuncian que se sigue cobrando un servicio que ya no se presta

Desde la localidad de Alía María, en la provincia de Córdoba, el presidente de CARTEZ, Maximiliano Razzeto, volvió a poner en agenda un reclamo que se extiende desde hace casi dos años: la derogación de las guías de hacienda municipales, una tasa que, según afirman, se sigue cobrando pese a que el servicio dejó de existir.

El tema, que impacta de lleno en la producción ganadera, continúa sin tratamiento legislativo, generando preocupación y malestar en el sector.

Una tasa sin contraprestación: el eje del reclamo

El conflicto se centra en el cobro de una tasa municipal vinculada al movimiento de hacienda. Históricamente, este pago estaba asociado a un servicio que prestaban los municipios: la carga de datos necesaria para la emisión del Documento de Tránsito Electrónico (DTE).

Sin embargo, con la digitalización del sistema a través del Senasa, ese procedimiento se simplificó completamente y dejó de requerir intervención municipal.

“Es una tasa, y para cobrar una tasa uno tiene que prestar un servicio. Y el servicio hace más de dos años que no se presta”, explicó Razzeto.

Actualmente, los productores realizan todo el trámite de manera directa, sin necesidad de acercarse a ninguna dependencia local. A pesar de ello, muchos municipios continúan cobrando este concepto.

Impacto directo en toda la producción ganadera

El problema no afecta únicamente a un segmento específico, sino a toda la cadena productiva que necesita emitir DTE para comercializar animales.

“Todo productor que necesite comercializar su producto y necesite un DTE, bovino, equino, caprino, todo, paga esta guía de tránsito municipal”, detalló el dirigente.

Esto implica un costo adicional que, según denuncian, carece de justificación y se suma a una ya elevada carga impositiva sobre el sector agropecuario.

Dos años sin avances legislativos

A pesar de los reclamos y gestiones realizadas, la situación sigue estancada en la Legislatura de Córdoba. El proyecto busca derogar el artículo que habilita a los municipios a cobrar esta tasa.

“Estamos por cumplir los dos años desde que empezamos con este trámite, y ya creo que es un tiempo más que prudencial”, señaló Razzeto.

El dirigente también cuestionó la falta de avances en la Comisión de Agricultura:

“No se junta, no se junta, no se junta, y siempre ‘ya nos vamos a juntar, ya lo vamos a ver’”.

Autonomía municipal vs. necesidad de una ley provincial

Uno de los principales obstáculos radica en la autonomía de los municipios. Sin una ley provincial que elimine la facultad de cobro, cada gestión local puede decidir mantener o reinstalar la tasa.

“Quedás a merced del gobierno de turno en cada municipio, que hoy la saca y mañana la puede volver a poner porque necesita dinero”, advirtió.

Por eso, desde el sector insisten en que la solución debe ser estructural y no depender de decisiones individuales.

Presión política y resistencia local

Según Razzeto, algunos intendentes ya comprendieron la situación y dejaron de cobrar la tasa. Sin embargo, otros continúan sosteniéndola, lo que podría estar frenando el avance del proyecto.

“Se ve que el resto de los intendentes todavía sigue haciendo mucha fuerza en el Poder Legislativo”, afirmó.

Un reclamo que refleja un problema más amplio

Más allá de este caso puntual, el dirigente vinculó la situación con un problema estructural de la economía argentina: la presión impositiva sobre el sector productivo.

“Tenemos un montón de carga impositiva que en muchos lugares hace inviable la producción”, expresó.

Y agregó:

“Hace 25 años que los productores agropecuarios venimos pagando casi el 100% de la fiesta de Argentina”.

Expectativa e incertidumbre en el sector

Mientras el proyecto sigue sin tratamiento, los productores continúan afrontando un costo que consideran injustificado. La expectativa está puesta en que la Legislatura provincial avance finalmente con una solución.

“En algún momento tenemos que empezar a bajar la carga de pagos que son injustos”, concluyó Razzeto.