Productores ganaderos cuestionan la obligatoriedad de caravanas electrónicas y anticipan acciones legales

Carlos Baravalle, referente de Bases Federadas, presentó un recurso ante SENASA y advierte por el impacto en los costos de la cría bovina

El productor ganadero Carlos Baravalle, oriundo de Carrilobo, Córdoba, y referente de la agrupación Bases Federadas, confirmó la presentación de un recurso administrativo ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en rechazo a la obligatoriedad de las caravanas electrónicas para el ganado.

La medida, impulsada por un grupo de más de 600 productores, constituye el paso previo a una eventual judicialización del reclamo. El eje central del planteo es el aumento de costos y la falta de beneficios productivos directos para la cría.

“Argentina requiere que hagamos foco en cómo producir más terneros y, mientras está esa necesidad latente, nos ponen un nuevo costo al productor de cría”, sostuvo Baravalle.

Caravanas electrónicas: debate por costos y utilidad productiva

Según el dirigente rural, el problema no radica en la tecnología en sí sino en su carácter obligatorio. Baravalle remarcó que muchos establecimientos ya logran altos índices reproductivos utilizando identificación convencional.

“Nosotros no estamos en contra de la tecnología, sino de la imposición”, afirmó.

El productor explicó que existen rodeos comerciales con potencial de 95% de preñez y 90% de destete sin necesidad de dispositivos electrónicos, por lo que el esfuerzo debería orientarse a mejorar procesos productivos y no a sumar gastos.

Desde su perspectiva, la caravana electrónica aporta principalmente a la recolección de datos, pero no impacta en la eficiencia biológica del rodeo.

“Pensar que la caravana se coloca minutos antes de cargar un ternero al camión. ¿Qué datos le podemos sacar de eso? Absolutamente nada”, cuestionó.

Impacto económico en pequeños y medianos productores

Uno de los argumentos centrales del reclamo es el salto en los costos. Baravalle detalló que el cumplimiento de la normativa pasó de valores mínimos a montos significativamente mayores por animal, además de requerir equipamiento específico.

La preocupación se concentra especialmente en los productores de menor escala, que representan la mayoría del sector.

“Con 250 pesos cumplimentábamos la normativa. Hoy necesitamos más de 3.000 pesos por ternero y equipamiento que puede costar hasta varios millones”, señaló.

En ese contexto, el dirigente advirtió que nuevas exigencias podrían derivar en recortes en áreas sensibles como sanidad, tacto o reproducción, lo que a mediano plazo podría reducir la cantidad de terneros producidos.

Recurso administrativo y posible vía judicial

El reclamo se formalizó tras un petitorio previo que reunió a 624 productores. Ante la falta de respuesta oficial, comenzaron a enviarse presentaciones individuales ante el organismo sanitario.

“Esperemos que nos escuchen y que no tengamos que llegar a la justicia. Es una pena gastar tiempo en esto y no en generar más terneros”, expresó Baravalle.

El referente explicó que el interés de adhesión fue alto y que muchos productores aguardaban una vía administrativa para manifestar su posición.

La mirada sobre la política agropecuaria y las importaciones

Más allá del conflicto puntual, Baravalle vinculó la discusión con el escenario más amplio del sector agropecuario. Señaló que la apertura de importaciones es hoy uno de los factores que más preocupa a la ruralidad.

“No podés competir con productores de otros países que sí están cuidados. En Argentina no hemos sido cuidados nunca”, afirmó.

El dirigente alertó sobre el avance de la concentración productiva y la pérdida sostenida de productores, fenómeno que —según su análisis— podría profundizarse si no se implementan políticas públicas de arraigo rural.

Arraigo, trabajo rural y futuro del productor

Desde Bases Federadas sostienen que el desafío excede la rentabilidad individual y se vincula con el sostenimiento del entramado productivo y social del interior.

Baravalle también cuestionó reformas laborales que impliquen pérdida de derechos y advirtió que el problema estructural pasa por la falta de políticas que garanticen la permanencia del productor en el campo.

“Si el gobierno no quiere que el productor se quede en el campo, ese es el verdadero problema”, remarcó.

Un debate abierto sobre tecnología y políticas públicas

El conflicto por las caravanas electrónicas refleja una discusión más amplia dentro de la ganadería argentina: el equilibrio entre innovación tecnológica, costos productivos y heterogeneidad del sector.

Mientras el reclamo avanza por la vía administrativa, los productores esperan instancias de diálogo que permitan revisar la implementación.

La postura de Baravalle resume esa expectativa: adoptar tecnología cuando resulte útil, pero evitar imposiciones que —según advierte— puedan afectar la producción y acelerar la salida de pequeños y medianos productores del sistema.