Las organizaciones agrarias españolas retomaron esta semana las movilizaciones en distintos puntos del país para visibilizar su malestar frente al rumbo de la política agraria comunitaria y el avance de los acuerdos comerciales impulsados desde Bruselas. El foco principal estuvo puesto en el entendimiento entre la Unión Europea y el Mercosur, un tema que sigue generando debate tanto dentro como fuera del sector.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), su secretario general, Cristóbal Cano, explicó que las protestas se realizaron de manera coordinada en varias regiones y apuntaron tanto a problemáticas internas del campo español como al escenario internacional que enfrenta la producción agropecuaria europea.

Acuerdos comerciales y reclamos del sector

Si bien desde la entidad reconocen que los acuerdos comerciales forman parte de la estrategia europea en el actual contexto geopolítico, remarcan que su implementación debe garantizar reglas claras, reciprocidad productiva y controles efectivos.
“Abrir mercados es necesario, pero no puede hacerse a costa de poner en desventaja a los productores europeos”, sostienen desde la organización.

El acuerdo UE–Mercosur, bajo la lupa

En relación con el acuerdo con el Mercosur, Cano aseguró que, pese a los cuestionamientos políticos surgidos en el Parlamento Europeo, el proceso no se encuentra detenido. Según explicó, la consulta elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no implica una suspensión automática del pacto, y tanto la Comisión como el Consejo Europeo mantienen la intención de avanzar con una aplicación provisional, mientras se resuelven las cuestiones jurídicas pendientes.

En ese marco, desde UPA subrayan que el eje central pasa por la rápida aprobación y puesta en marcha de las salvaguardas agrícolas incluidas en el acuerdo. Estas herramientas contemplan:

• Cláusulas de protección para sectores sensibles

• Exigencias de reciprocidad en los estándares productivos

• Refuerzo de controles en frontera

• Auditorías en terceros países para verificar el cumplimiento de las normas acordadas

La entidad destaca que se trata de uno de los esquemas de protección más exigentes incorporados por la Unión Europea en un acuerdo comercial, aunque advierte que su efectividad dependerá de que los mecanismos estén operativos desde el primer día.
“Sin salvaguardas activas, el acuerdo deja de ser una oportunidad y se transforma en un riesgo”, remarcan.

Posturas divididas dentro del agro español

El dirigente también reconoció que no existe una posición unificada dentro del arco agrario español. Mientras algunos sectores mantienen un rechazo abierto al entendimiento con el Mercosur, UPA adopta una postura favorable pero condicionada al cumplimiento estricto de las medidas de protección previstas en el texto.

La PAC, otro eje de preocupación

El debate comercial, además, se cruza con la discusión sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC), cuyo presupuesto y sistema de gestión están siendo revisados de cara al próximo marco financiero plurianual. Desde la organización expresan preocupación por posibles recortes y cambios en la gobernanza, al considerar que la PAC es una herramienta clave para sostener la agricultura y la ganadería familiar, base del modelo productivo europeo.

Próximos pasos institucionales

En cuanto a los pasos institucionales, Cano señaló que la entidad mantiene un diálogo permanente con europarlamentarios y funcionarios comunitarios. El objetivo, indicó, es que el Parlamento Europeo avance en el corto plazo en la aprobación de la cláusula de salvaguardia y en la normativa necesaria para su aplicación.
“No debería avanzarse con la entrada en vigor provisional sin que estos mecanismos estén plenamente operativos”, advirtió.

Por último, desde UPA plantean la necesidad de prever instrumentos compensatorios para los sectores que eventualmente puedan verse afectados y políticas activas de apertura de nuevos mercados. En síntesis, el gremio considera que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur puede convertirse en una herramienta estratégica, siempre y cuando la protección del sector agrario europeo sea concreta, verificable y efectiva.