El prolongado conflicto que rodeó a Vicentin S.A.I.C. llegó finalmente a un punto de inflexión. Luego de seis años de concurso preventivo y tras múltiples instancias judiciales, el juez Fabián Lorenzini homologó el acuerdo que permite a Grassi S.A. quedarse con el 100% del paquete accionario de la agroexportadora, una de las compañías más emblemáticas del norte santafesino y que, al momento de entrar en default, integraba el podio de las exportadoras argentinas.

La confirmación judicial se conoció mientras el intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, participaba de un programa radial. En ese contexto, recibió un mensaje de audio de Mariano Grassi, titular de la firma adquirente, quien autorizó su difusión pública.

“Contentísimo, súper entusiasmado”, expresó el empresario al referirse a la resolución, y aseguró que los planes previstos para la empresa “vienen avanzando”, con la voluntad de acompañar activamente el proceso de reconstrucción productiva.

Grassi también se dirigió de manera directa a la comunidad local, una de las más afectadas por la crisis de la compañía.

“A todo el pueblo de Reconquista: estén tranquilos, que pasó lo peor y ahora vienen todas cosas buenas”, señaló, en un mensaje que buscó llevar alivio a trabajadores, proveedores y vecinos tras años de incertidumbre económica y social.

La decisión judicial implica el traspaso inmediato de las acciones de Vicentin a Grassi S.A., luego de que se alcanzara la doble mayoría exigida por la Ley de Concursos y Quiebras: más del 50% de los acreedores y dos tercios del capital adeudado.

La deuda total ronda los 1.333 millones de dólares y será afrontada con el respaldo de entidades financieras internacionales y empresas del sector, entre ellas Cargill.

Además, el juez Lorenzini dispuso la extensión por 120 días hábiles de la gestión judicial, plazo que se estira hasta abril de 2026, con el objetivo de ordenar la transición y garantizar el cumplimiento del acuerdo.

Vicentin se había declarado en “estrés financiero” el 4 de diciembre de 2019, dando inicio al que sería considerado el mayor default privado de la historia argentina, con más de 1.700 acreedores involucrados y un fuerte impacto político, económico y social.

Con la homologación ya firmada, se abre ahora una nueva etapa bajo supervisión judicial. Las expectativas están puestas en la normalización de la empresa, la continuidad productiva y la reactivación del entramado agroindustrial que gira en torno a Vicentin, una firma clave para la economía regional del norte santafesino.