La Unión Europea dio un paso clave al modificar los plazos de implementación del Reglamento para la Comercialización de Productos Asociados a la Deforestación y Degradación Forestal (EUDR), una norma central de su estrategia ambiental.

El Parlamento europeo aprobó extender un año los tiempos previstos para su aplicación, luego de alcanzar un acuerdo informal con los estados miembros, lo que introduce un alivio temporal para empresas exportadoras, incluidas pymes y firmas agropecuarias.

De este modo, los grandes operadores y comerciantes ya no deberán cumplir con las exigencias del reglamento a partir del 30 de diciembre de 2025, sino que la nueva fecha límite será el 30 de diciembre de 2026.

La decisión llega en un contexto de fuerte presión empresarial, marcada por advertencias sobre los altos costos administrativos y técnicos que implica demostrar la trazabilidad completa hasta el origen de productos sensibles como soja, carne bovina, café, cacao, madera, aceite de palma o caucho.

El EUDR fue aprobado en 2023 con el objetivo de desacoplar el consumo europeo de cadenas de suministro vinculadas a la deforestación, reconociendo el rol estratégico de los bosques como sumideros de carbono en la lucha contra el cambio climático.

Si bien el aplazamiento del calendario otorga mayor margen de adaptación, no modifica el espíritu de la regulación ni sus exigencias de fondo.

En Argentina, el avance de la normativa es seguido con atención por organizaciones técnicas y del sector productivo.

Un análisis difundido por Contenidos CREA, elaborado por la abogada Eugenia Magnasco, destacó que la responsabilidad principal recaerá sobre la empresa que introduzca el producto en el mercado europeo, y no sobre los operadores que lo comercialicen posteriormente.

Además, se prevé que los operadores primarios más pequeños puedan presentar declaraciones simplificadas, una herramienta clave para evitar que la carga administrativa afecte su competitividad.

Magnasco subrayó que este esquema resulta especialmente relevante para productores alejados de los puertos o sin acceso a sistemas avanzados de georreferenciación.

Al mismo tiempo, remarcó que la postergación no implica una flexibilización del control ambiental: los productos exportados al bloque deberán provenir de zonas libres de deforestación o degradación desde la fecha de corte establecida por la ley.

Por último, la Comisión Europea deberá publicar antes del 30 de abril de 2026 un informe que evalúe el impacto administrativo del reglamento, con foco en los operadores más pequeños. Entre las modificaciones aprobadas, también se resolvió excluir a los productos de papel impreso del alcance de la normativa, atendiendo a un reclamo del Parlamento europeo.