La eterna discusión sobre la presión impositiva en Argentina, especialmente sensible dentro del sector agropecuario, suele estar atravesada no solo por la magnitud de los tributos, sino también por la falta de claridad respecto del destino final de esos recursos.
Con la intención de reducir esta distancia entre el Estado y los contribuyentes rurales, Córdoba viene impulsando desde hace dos años un esquema que permite visualizar de manera precisa cómo se administran los fondos que genera el Impuesto Inmobiliario Rural (IIR).
El mecanismo se canaliza a través del Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario (FDA), creado a partir de una propuesta de la Mesa de Enlace provincial y financiado con el 98% de la recaudación del IIR.
Su particularidad es que las decisiones sobre las inversiones se toman de forma conjunta entre el Ministerio de Bioagroindustria y la Fundación Mesa de Enlace, una figura legal impulsada por las entidades rurales para poder participar activamente en la asignación de los recursos.
En una nueva etapa orientada a consolidar la transparencia, el Gobierno provincial y las entidades agropecuarias lanzaron un mapa interactivo de acceso público que detalla todas las obras financiadas por el FDA en cada departamento de la provincia.
La herramienta permite visualizar inversiones en mantenimiento de caminos rurales, conservación de suelos, mejoras hídricas, adquisición de maquinarias y operaciones vinculadas a los consorcios camineros y patrullas rurales.
Según datos oficiales, en lo que va del año se desembolsaron 76.527 millones de pesos, utilizados para intervenir y mejorar unos 57.000 kilómetros de caminos rurales.
La plataforma no solo desagrega la información por departamento y tipo de obra, sino que también permite consultar el avance de cada proyecto e incluso visualizar qué consorcio está a cargo, así como las entregas de pick-ups destinadas a reforzar el trabajo de la Policía Rural.
Para el campo cordobés, esta herramienta representa un avance significativo: por primera vez, cualquier ciudadano puede auditar en tiempo real el flujo de los recursos generados por el sector y verificar de manera precisa cómo retornan al territorio en forma de infraestructura y servicios.
Un gesto de apertura que, si se sostiene, puede aportar previsibilidad y confianza en un ámbito históricamente marcado por la desconfianza tributaria.
