Denuncia penal contra la ANPyN por la licitación de la Hidrovía sin Estudio de Impacto Ambiental

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial denunciaron penalmente a los responsables de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La acción judicial, presentada el 22 de octubre ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), se dirige contra la audiencia pública convocada para el próximo lunes 3 de noviembre, la cual tratará las condiciones de licitación de la gestión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El argumento central de la denuncia es el intento de evadir los requisitos de la Ley General del Ambiente (LGA) al no exigir una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa a las obras.

Los ambientalistas sostienen que el documento presentado por la ANPyN no cumple con las exigencias legales. “El documento que se presenta no es un Estudio de Impacto Ambiental, tal como exige la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú”, manifestaron en una declaración pública.

Según la AADA, el informe es apenas un documento “fragmentario de ‘gestión ambiental’ sobre hechos consumados”, lo cual es admitido por la propia ANPyN al reconocer que “las obras ya están en ejecución y no hubo una evaluación previa”. Los denunciantes concluyeron que esto representa un “intento de legalizar a posteriori el avance de un modelo extractivista”.

Alcance y Objetivo de la Audiencia Impugnada

Sin embargo, fuentes cercanas a la licitación indicaron que la audiencia del 3 de noviembre tiene el propósito de presentar los planes de gestión ambiental de las obras y tareas que se vienen realizando en la vía navegable hasta la actualidad, y no las condiciones de la nueva concesión.

Esta difusión de información, que el dragador ya entregó al gobierno, es considerada un reclamo histórico de los usuarios de la hidrovía. Además, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ha auditado parte del cumplimiento de esos planes de gestión.

En ese sentido, la convocatoria de la audiencia cumpliría con algunas de las múltiples objeciones que la propia PIA estableció en una resolución del año pasado, la cual frenó la licitación anterior que había sido encarada por el gobierno.

El Punto Débil de la Futura Licitación

Si bien la audiencia del lunes próximo no trata la nueva licitación, los ambientalistas ponen la mira en uno de los “puntos débiles” del proceso que se prepara. El gobierno nacional tiene previsto presentar los pliegos con los términos y condiciones de la nueva concesión a mediados de noviembre, en principio el día 15.

Para evitar una demora de uno o dos años, que es lo que llevaría realizar un Estudio de Impacto Ambiental de nuevas obras, el Gobierno planea licitar un dragador sin un plan ambiental previo. La estrategia consiste en encargarle al ganador que realice los estudios correspondientes (los cuales deben ser aprobados por el Estado) antes de cada obra o intervención en el sistema troncal.

Especialistas han advertido a la Agencia de Puertos que esta estrategia debe ser “bien cuidada”, ya que el cuerpo normativo nacional y provincial exige la realización de obras de impacto ambiental *antes* de las licitaciones. Esta condición, alertan, abre “frentes de conflicto jurídico” en el futuro.

“Lo que está en juego para nuestro país es crucial: el gobierno nacional pretende habilitar el paso del dragado de 36 a 40 pies —y eventualmente más— sin contar con Evaluación de Impacto Ambiental válida, sin intervención de las áreas ambientales nacional y provinciales, y sin garantizar el acceso a la información ni la participación pública efectiva”, expresaron los abogados ambientalistas.

Llamamiento a la Participación Ciudadana

Además de impugnar la legalidad del acto, los abogados ambientalistas realizaron un llamado “urgente y masivo” a la participación ciudadana en la audiencia.

“Si el Estado impide el acceso, somos nosotros quienes vamos a amplificarlo. Vamos a participar si la Justicia no detiene esta ficción y queremos que más personas y organizaciones lo hagan”, indicaron los letrados. La inscripción para la audiencia cierra el viernes 31 de octubre a las 23:59 horas.