Retenciones Cero al Agro: impacto y expectativas tras la medida del Gobierno

La política económica argentina volvió a dar un giro inesperado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la suspensión de las retenciones a las exportaciones agropecuarias hasta el próximo 31 de octubre. La medida, que abarca a granos y subproductos, se presenta como un alivio temporal para el sector y una estrategia del Gobierno para inyectar dólares en la economía en plena tensión cambiaria.

Para analizar las implicancias de esta decisión, conversamos con Gonzalo Agusto, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA), quien aportó claridad sobre lo que puede significar este movimiento tanto para los productores como para la macroeconomía nacional.

Una medida de urgencia en un contexto de presión cambiaria

El anuncio sorprendió, aunque no resulta ajeno a la dinámica de los últimos años. Cuando las necesidades fiscales y cambiarias se intensifican, las autoridades recurren a incentivos de corto plazo para acelerar la liquidación de divisas por parte del campo.

Agusto lo sintetizó de manera contundente:

“Obviamente esta noticia viene ya, tal como decía, a la necesidad de dólares, como ha sucedido en otros momentos que se toman este tipo de medidas temporales para el agro”.

En otras palabras, no se trata de una estrategia estructural, sino de un mecanismo transitorio para estabilizar el mercado y contener la presión sobre el dólar en semanas previas a un proceso electoral clave.

El impacto en Córdoba y el incentivo para los productores

La provincia de Córdoba, uno de los polos más relevantes de la producción agrícola, se verá directamente beneficiada por la suspensión de las retenciones. Según estimaciones recientes de la BCCBA, la reducción previa en alícuotas ya había generado un alivio de 190 millones de dólares, bajando la carga impositiva provincial a 1.500 millones de dólares.

Ahora, con la eliminación temporal, se suma un incentivo adicional. Los cálculos indican que a nivel nacional quedan cerca de 24 millones de toneladas de soja sin comercializar, volumen que representa unos 10.000 millones de dólares por liquidar.

Para el productor, esto significa mejores precios de manera inmediata:

“Lo que era soja estaba aproximadamente en 300 dólares por tonelada, y esta medida podría llevarlo a 340-350 dólares”, explicó Agusto.

En un escenario donde la rentabilidad se ve golpeada por la carga impositiva y la volatilidad del tipo de cambio, este diferencial puede resultar decisivo para quienes aún conservan stock.

El tope de los 7 mil millones y la dinámica del mercado

La resolución oficial establece dos límites: la vigencia hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los 7.000 millones de dólares en liquidaciones. ¿Es posible llegar a ese monto?

Agusto fue cauto: la disponibilidad de granos está, pero no necesariamente se liquidará todo. La decisión depende de la estrategia comercial de los productores, del comportamiento de los precios internacionales y de la evolución del tipo de cambio.

El economista advirtió un riesgo lógico: a medida que se acelere la venta, la mayor oferta podría presionar las cotizaciones a la baja. Además, si el tipo de cambio oficial se ajusta en paralelo, el incentivo podría diluirse rápidamente.

En ese sentido, el efecto buscado por el Gobierno —un descenso en la cotización del dólar, que rondaba los 1.500 pesos en la última semana— dependerá de una delicada dinámica entre oferta, demanda y expectativas.

Lo que viene: ¿medida coyuntural o cambio estructural?

Aunque el impacto inmediato es positivo, la medida abre interrogantes sobre el futuro de la política agroexportadora. Desde el sector, la expectativa sigue siendo clara: una eliminación definitiva de las retenciones, consideradas un impuesto distorsivo que frena la competitividad.

Agusto lo planteó con firmeza:

“Esperemos que esto se resulte principalmente para tranquilizar un poco los mercados hasta la elección… y que los derechos de exportación sean eliminados definitivamente”.

El riesgo, según el economista, es que tras el 31 de octubre la situación vuelva al punto de partida y se reinstaure un esquema que el sector considera perjudicial para planificar inversiones a largo plazo.