La medida quedó plasmada en el decreto 627/2025, publicado en el Boletín Oficial, que devuelve al organismo todas las atribuciones que le habían sido quitadas. El alcance no se limita al INTA, sino que incluye también a varias instituciones que la administración de Javier Milei había intentado intervenir.

El artículo inicial del decreto señala: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.

La reforma proyectada por los ministerios de Hacienda y de Desregulación —conducidos por Luis Caputo y Federico Sturzenegger— contemplaba:

• Quitarle autonomía financiera y de decisión al organismo.

• Transformar al Consejo Directivo en un cuerpo meramente consultivo, sin peso real.

• Reducir drásticamente el plantel técnico.

• Avanzar en la enajenación de activos, entre ellos campos y edificios.

En otro pasaje, el decreto aclara: “Hasta tanto se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y demás medidas necesarias para permitir la plena operatividad de los organismos afectados por las disposiciones de los Decretos Nros. 345 del 21 de mayo de 2025, 351 del 22 de mayo de 2025 y 461 y 462, ambos del 7 de julio de 2025, los servicios administrativos financieros y los servicios jurídicos permanentes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y del MINISTERIO DE ECONOMÍA prestarán transitoriamente y cuando sea necesario los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos, control interno y en materia jurídica, de representación y patrocinio en sede judicial”.

El retroceso oficial alcanza también a otros entes clave, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto de Vitivinicultura, el Instituto de Semillas y el Instituto de Agricultura Familiar.

Luego del rechazo parlamentario, se especulaba con que el Gobierno acudiría a la Justicia. Sin embargo, la propia fundamentación del decreto revela la decisión de evitar un enfrentamiento prolongado: “Con el objeto de evitar disfuncionalidades graves, el PODER EJECUTIVO NACIONAL se ve obligado a ejercer las facultades que le confiere el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, a fin de restablecer el régimen anterior a la entrada en vigencia de los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 que fueron rechazados con efectos derogatorios por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN, en tanto fue el último marco jurídico aprobado y vigente antes del dictado de los decretos rechazados”.

De esta forma, la avanzada sobre el INTA y otros institutos queda suspendida, y con ello también las dudas respecto a la continuidad de proyectos de investigación y convenios estratégicos para el sector agropecuario.