El conflicto entre el Gobierno nacional y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sumó un nuevo capítulo de tensión. La jueza federal Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, resolvió suspender la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con el pase a disponibilidad de unos 300 trabajadores del organismo, en el marco del resistido decreto 462/2025 que intentó transformar al INTA en un “organismo desconcentrado” dentro de la Secretaría de Agricultura, quitándole su autarquía.

El fallo judicial no solo ratifica la medida cautelar que había sido solicitada por la Asociación del Personal del INTA (APINTA), sino que además impone fuertes sanciones en caso de incumplimiento. Según la notificación, el Gobierno deberá pagar $10 millones diarios mientras persista en la decisión, hasta que revierta la disposición que afectó a los trabajadores.

“Corresponde intimar al inmediato cumplimiento de la medida, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias de pesos $10 millones diarios a favor del titular del derecho”, sostuvo la magistrada en su resolución. A la vez, advirtió que podría derivar el caso a la Justicia Penal Federal para investigar la posible comisión del delito de desobediencia por parte de las autoridades.

El conflicto se agrava porque el Congreso ya había rechazado de manera definitiva el decreto 462/2025, lo que dejó sin efecto la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, pese a ese revés legislativo y judicial, el Gobierno avanzó con la disposición que afectó a unos 300 empleados, lo que fue interpretado por la jueza como un claro desacato.

Desde APINTA celebraron la decisión, destacando que “se protege no solo a los trabajadores, sino también la institucionalidad del INTA y su rol estratégico para el desarrollo agropecuario del país”.

El Poder Ejecutivo, en tanto, apeló la resolución, pero la intimación judicial es de cumplimiento inmediato y deja al Gobierno en una situación delicada: si no retrocede en la medida, se expone a multas multimillonarias y a una causa penal por desobediencia.

Así, la pulseada por el futuro del INTA no solo se juega en el plano político y legislativo, sino que ahora también se convierte en un litigio judicial con consecuencias económicas y penales de alto impacto.