Con fuerte preocupación y un contundente diagnóstico, la Comisión Directiva de Bases Federadas se reunió el 19 de junio en Rosario, con la participación de delegados de ocho provincias argentinas. El eje de la discusión fue claro: los pequeños y medianos productores están en vía de extinción.
Según los representantes, el modelo económico vigente –basado en la apertura indiscriminada de importaciones y la eliminación de herramientas históricas de apoyo al sector– está llevando a miles de productores familiares al borde del colapso. Entre los productos importados mencionaron tomate, cebolla, manzana y carne porcina, lo que profundiza la competencia desigual para el productor local.
A esto se suma la eliminación de instrumentos clave como el Fondo Algodonero, la Ley Ovina, la Ley Caprina, el fondo compensador de la yerba mate, entre otros. También advirtieron sobre la falta de una política de planificación y protección a la producción diversificada, mixta y de cercanía: el corazón productivo de cientos de comunidades rurales en el país.
Entre los principales reclamos, Bases Federadas propuso:
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Segmentación de las retenciones mientras estén vigentes.
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Una nueva ley de arrendamientos rurales que limite el accionar de los pooles de siembra.
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Reactivación de la Ley de Agricultura Familiar.
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Políticas activas para el agregado de valor y el impulso a las economías regionales.
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Medidas que regulen la comercialización interna y externa, y frenen la monopolización del comercio de granos.
En el encuentro también se renovó el apoyo al sistema cooperativo, con la presencia destacada de Juan Manuel Rossi, presidente de FECOFE, y Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Uno de los puntos más críticos fue el rechazo al vaciamiento del INTA, tras conocerse el plan de despido de más de 1.500 trabajadores y la posible venta de tierras y edificios del organismo. Los delegados se comprometieron a difundir sus más de 100 logros y a defenderlo como una inversión estratégica y no un gasto público.
Finalmente, se acordó solicitar audiencias con autoridades nacionales, legisladores e intendentes para exponer la crítica situación del sector y presentar propuestas concretas. El mensaje fue claro: sin políticas diferenciadas, la Argentina pierde su campo diverso, inclusivo y productivo.