Uno de los debates más candentes que atraviesa hoy el sector agropecuario, a la luz de las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, gira en torno a los cambios que se proyectan sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Todo indica que el oficialismo está decidido a avanzar con una reestructuración profunda de este organismo estratégico, y las tensiones en el sector no tardaron en aflorar.

Durante los últimos meses, la Mesa de Enlace había manifestado una postura abierta al debate sobre la modernización del INTA. Nadie desconoce que el organismo puede y debe mejorar su eficiencia, y que ciertos vicios burocráticos deben ser corregidos.

Sin embargo, tras un reciente encuentro con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, los dirigentes ruralistas marcaron un límite claro: no avalarán reformas que comprometan la autonomía del Instituto, alteren la representación de las entidades del sector o atenten contra su función como herramienta de desarrollo federal.

Este dilema quedó particularmente expuesto en TN a la Noche, cuando el periodista Franco Mercuriali planteó una verdad incómoda: dentro del INTA conviven programas y profesionales de enorme valor con espacios que han sido ocupados por intereses ajenos a la producción agropecuaria.

Frente a esta observación, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger —conocido por su papel protagónico en la aplicación del ajuste estatal— deslizó una respuesta reveladora: “ese es el desafío”. Una frase que sugiere que, al menos en la intención, la motosierra podría adquirir la precisión de un bisturí.

Según fuentes cercanas al proceso, los recortes se concentrarían en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el INTA habría sido utilizado como refugio laboral para militantes urbanos durante años. En contraste, se buscaría preservar la presencia territorial del organismo en las economías regionales, donde su rol es indispensable para el desarrollo y la transferencia tecnológica al productor.

Ahora bien, el éxito o el fracaso de esta reestructuración dependerá en gran medida de cómo se interprete y se ejecute este equilibrio. Las entidades de productores han recordado que el INTA, desde su fundación en 1956, ha sido un motor de innovación y competitividad para el agro argentino. No están dispuestas a tolerar un desguace que comprometa esta misión en nombre de un ajuste ciego.

Por lo pronto, las señales de alarma ya resuenan en el interior del país. Gobernadores de distintas provincias han comenzado a manifestar su preocupación ante reformas que, si se aplican sin el debido cuidado, podrían erosionar un eslabón clave en la cadena de valor agropecuaria.

Las próximas semanas serán decisivas.

Queda por ver si el bisturí de Sturzenegger será realmente tan fino como prometen, o si la motosierra terminará arrasando sin distinción.