Los fabricantes de maquinaria agrícola de Córdoba salieron al cruce del decreto 273/25 que liberó la importación de bienes de capital usados al país. Tal como lo hiciera la UIA, Adimra y la Federación de Industriales de Santa Fe apenas se conoció la disposición, poco después fue Afamac la que emitió un comunicado rechazando la apertura.

“La eliminación del certificado de importación de Bienes Usados (CIBU), en vez de suponer una mejora de funcionamiento del mercado, supone un riesgo por una competencia desleal a un sector que sufre las altas distorsiones estructurales locales y que representa a la vez, la cadena valor que le da soporte tecnológico y de servicio al productor argentino y con alto potencial exportador”, escribieron las autoridades de Afamac.

Y agregaron: “Por eso, pregonamos urgente una integración inteligente al mundo, donde estén en sintonía los tiempos y las formas en la instrumentación de las políticas que se supone, favorecerán la competitividad interna”.

Vale recordar que el decreto 273/25 remarcó que las medidas adoptadas “permitirán profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía, contribuyendo decisivamente a la superación de la emergencia económica”.

Además, destacó que en tal sentido, se tiene en miras profundizar la libertad de mercados con el objeto de afianzar la estabilización de los precios y provocar la disminución de aquellos artificialmente elevados que provocan falta de competencia y de transparencia en los distintos mercados”.

Y luego, el texto del Ejecutivo Nacional por en foco en “la existencia de numerosas intervenciones previas que padecen las importaciones y constituye una traba al desarrollo del comercio e incrementa los costos administrativos de productores, por lo que esta medida es indispensable en la perspectiva de mejorar la competitividad interna de la economía argentina”.

Frente a esos argumentos, Afamac admitió estar “de acuerdo que el cierre de importaciones como así la no apertura al mundo nos trajo innumerables problemas económicos como así también una profunda crisis social. Compartimos entonces que seguir con esas clases de políticas, no es la solución”.

Pero al mismo tiempo, los fabricantes cordobeses destacaron que “no obstante, para hacer una evaluación objetiva del impacto del decreto, es importante repasar el contexto de la Argentina en la actualidad en general y de la maquinaria agrícola y agro componentes en particular.

La maquinaria agrícola Argentina y su cadena de valor de agro componentes compuesta por al menos 1.200 empresas entre terminales y agropartistas, es valorada y respetada no sólo por los productores locales, sino también en el mundo por su calidad y su capacidad de innovación”, enfatizaron las empresas cordobesas.

Y sumaron: “No obstante, las exportaciones han venido disminuyendo en los últimos años de forma constante y progresiva por falta de competitividad. De los casi US$ 300 millones en el año 2013, apenas se alcanzó los US$ 150 millones aproximadamente en el 2023.

No es casualidad entonces que según el IMD, el ranking “ World Ranking Competitiveness Center 2024” Argentina terminó 66 de 67 países. La competitividad de un país depende de numerosas variables. Pero las más importantes que afectan a la Argentina son: Inestabilidad Macroeconómica, Presión impositiva, costo laboral no salarial, falta de financiamiento al sector privado y costo logístico”, enumeraron.

Ya en el tramo final del comunicado destacaron que “desde el 10/12/2023, celebramos y valoramos que se han avanzado positivamente (no solucionado) en 2 de 5 factores determinantes en la competitividad argentina: estabilidad macroeconómica y financiamiento.

Sin embargo, el impacto de las otras variables pendiente de avance genera una diferencia de costos del 25 % aproximadamente de nuestra maquinaria comparada con nuestros principales competidores, conjuntamente con la no eliminación de las retenciones al campo, son los motivos reales que limita profundamente al productor en la capacidad de adquisición de equipos nuevos, generando un impacto directo en la productividad del sector”.

Y cerraron: “Por lo tanto, entendemos que los precios que se quieren estabilizar y provocar una disminución artificialmente alto en nuestro mercado, no es por falta de competencia y transparencia en el mercado (1.200 empresas), sino más bien por la falta de avance de las reformas estructurales pendientes”.