El campo argentino, históricamente uno de los motores de la economía nacional, enfrenta hoy una compleja trama de desafíos estructurales.

En diálogo con Gabriel De Raedemaeker, dirigente agropecuario e integrante de la Comisión de Entidades Agropecuarias, analizó con firmeza y sentido crítico el impacto de la presión fiscal sobre los productores rurales de Córdoba, a la vez que expresó su preocupación por el contexto global de incertidumbre comercial.

En primer lugar, el referente remarcó que el impuesto inmobiliario rural sigue siendo una carga impuesta por el Estado sin una verdadera capacidad de decisión por parte de los productores.

“Somos tomadores de una decisión gubernamental. Nos puede gustar o no, pero es la realidad en los distintos estamentos del Estado”, afirmó, dejando en claro que la participación del sector en estas definiciones es limitada, cuando no inexistente.

Más allá del caso puntual del inmobiliario rural, De Raedemaeker apuntó a un problema más profundo: una estructura tributaria que castiga la producción, desalienta la inversión y distorsiona los incentivos.

Aseguró que la actividad agropecuaria, como muchas otras en el país, está “sobrecargada de impuestos y tasas”, entre ellos los derechos de exportación, considerados por él como “una injusticia que no existe prácticamente en ningún lugar del mundo”.

Fondo de Desarrollo Agropecuario: un avance que aún deja debates abiertos

A pesar de las críticas hacia la estructura fiscal general, De Raedemaeker reconoció ciertos avances institucionales, entre ellos la creación del Fondo de Desarrollo Agropecuario. Este instrumento, según explicó, garantiza que el 98% de lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural sea destinado directamente a obras de infraestructura en zonas rurales.

Se trata de un mecanismo que permite mayor transparencia y control en el uso de los fondos, y que ha mejorado en los últimos años gracias al diálogo entre productores y autoridades. “Hemos logrado tener incluso injerencia en la gestión de los fondos”, señaló. No obstante, aclaró que el debate no está saldado: todavía se discute cuál debería ser el monto justo a recaudar y en qué medida se corresponde con la realidad económica de cada año productivo.

En este sentido, planteó la necesidad de evaluar año a año las condiciones financieras del productor, evitando que el impuesto se transforme en un factor de asfixia económica. “Tenemos que ser serios. No podemos reivindicar solamente el no pago o el pago más económico posible. Tiene que haber una contraprestación de acuerdo a las necesidades del productor”, subrayó.

Incertidumbre global: la guerra comercial y sus efectos sobre Argentina

Otro eje clave de la entrevista fue la creciente tensión entre Estados Unidos y China, cuyas disputas comerciales podrían tener consecuencias indirectas pero significativas para el agro argentino.

De Raedemaeker se mostró prudente, señalando que aún es temprano para anticipar el alcance de esas medidas, aunque reconoció que podrían generar distorsiones en los precios internacionales y alterar los flujos de comercio global.

Con el reciente anuncio de un arancel del 10% de parte de EE.UU. sobre productos argentinos, el dirigente advirtió que este tipo de medidas se suman a los ya elevados derechos de exportación internos, generando un doble perjuicio.

Aun así, sostuvo que el productor argentino no va a modificar de forma inmediata su estrategia productiva en función de estos movimientos externos.

“La guerra comercial recién empieza. Puede ser una medida coyuntural o una forma de presión en una negociación mayor”, analizó. También mencionó la posibilidad de que Argentina encuentre oportunidades en nuevos mercados, si logra posicionarse mejor en términos de precios frente a competidores directos.

Sin embargo, De Raedemaeker fue contundente al destacar que los problemas domésticos siguen siendo más urgentes.

“Tenemos cuestiones económicas y financieras mucho más determinantes para definir nuestras propias producciones”, dijo, insistiendo en que la resolución de las trabas internas debe ser prioritaria si se quiere fortalecer al sector frente a un contexto internacional cada vez más volátil.